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El trasvase –o conducción, según el Gobierno- del Ebro para dar de beber a los ciudadanos de Barcelona se ha convertido en una batalla que enfrenta a comunidades y personas en un ejercicio de egoísmo indignante.
María Teresa de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, expuso ayer el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros que regula la conducción de agua desde Tarragona hasta Abrera (Barcelona). Esto permitirá aportar agua para el consumo de los ciudadanos de la Ciudad Condal, a los que la sequía amenaza con dejarlos secos después del verano. Se trata de una medida temporal y sin efectos medioambientales, según De la Vega, que viene a subsanar una situación de emergencia.
Desde Valencia y Murcia (PP) han puesto el grito en el cielo, denunciando un trato discriminatorio, pues ellos también padecen los efectos de la sequía y en el Gobierno no le han dado soluciones. Desde Aragón (PSOE) tuercen el gesto porque le van a tocar ‘su’ agua del Ebro, pero se muestran cautos y prefieren, de momento, pedir información y no montar escándalos. Desde Andalucía (PSOE), silencio. Por lo visto, en el sur la situación es tan boyante que “nos sobra agua” para llevarla en barco desde la desalinizadora de Carboneras a Barcelona.
El caso se ha convertido en una guerra más partidista que otra cosa. Unos recuerdan que con el Plan Hidrológico Nacional, ‘abolido’ por Zapatero, esto no hubiese pasado; los otros se aferran al clavo ardiendo de las medidas para situaciones puntuales. Y entre tanta pelea, pocas soluciones.
El pasado 20 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, Rumor de Olas tomaba partido y aportaba argumentos sobre el particular. No es necesario, por tanto, reiterar ideas. No obstante, bien haría Rodríguez Zapatero en convocar una Conferencia de Presidentes para abordar el asunto al más alto nivel. Con el sosiego oportuno, ese es foro en el que se deben exponer los problemas y plantear soluciones, siempre atendiendo a los principios de solidaridad y respeto medioambiental.
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