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El Consejo Europeo aprobará el próximo viernes una directiva que pretende elevar la jornada de trabajo semanal hasta las 65 horas. Esta medida sólo es vinculante para los países miembros como techo.
El marco normativo laboral de la Unión Europea fija la jornada de trabajo semanal en 48 horas, un techo que en España, tal y como el Estatuto de los Trabajadores rige, se establece en 40 y que según algunos convenios colectivos queda reducida a 35.
Pese a que una cosa es lo que dice la legislación y otra lo que determinan las prácticas –vox populi son los incumplimientos-, la tendencia en nuestro país es trabajar para vivir y no vivir para trabajar, con el objetivo de conciliar la vida familiar con la laboral, el ocio con el tajo.
No obstante, los vientos que llegan de más allá de los Pirineos trajeron el debate hace unos tres años y desde entonces los mandatarios del Viejo Continente andan empeñados en sacar adelante un texto que eleve por encima de las 48 horas la jornada semanal. Estos son los mismos lumbreras que limitan las medidas correctoras de los Estados miembros en la economía, donde se imponen unas leyes del libre mercado, en ocasiones, incompatibles con el estado del bienestar general. Son los mismos que ordenan desincentivar la agricultura y la pesca, precisamente los sectores más maltratados por la dictadura de la libre competencia.
La medida de ampliar a 65 horas la semana laboral –es decir, trabajaríamos más de diez horas durante seis días- no viene a favorecer precisamente a la clase obrera, sino que permite a los empresarios tensar más la cuerda para favorecer su legítimo beneficio. Directivas como ésta sirven para que crezca la desigualdad social.
(Imagen tomada de http://photos2.signonsandiego.com)
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