Publicado el 13 06 2008 por JIRP
Las movilizaciones en el sector del transporte han provocado el caos en muchas ciudades y, lo que es peor, un muerto y varios heridos. Como telón de fondo, la crisis energética y la dictadura de la economía de libre mercado.
El Gobierno, después del acuerdo firmado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera, que agrupa aproximadamente al 80 por ciento del sector, dio por zanjadas las negociaciones. El Ejecutivo pone encima de la mesa 54 medidas con el objetivo de paliar la crisis que vive el transporte. No obstante, no puede garantizar que el trabajo sirva al menos para cubrir los costes, reividicación principal de las asociaciones convocantes del paro – Fenadismer, Confedetrans y Antid-, que se mantienen en pie de guerra.
En estos días, la sensación de caos se ha extendido por todo el país. Desabastecimiento, carreteras cortadas y tráfico lento, cargas policiales, detenidos, muchos heridos, entre ellos un camionero al que estuvieron a punto de quemar vivo, y un muerto. Un panorama que ha obligado al Gobierno a movilizar a 25.000 agentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
No se trata de una huelga al uso, sino de un cierre patronal con ciertos matices. Los empresarios, más proclives a las negociaciones, se mantuvieron un poco al margen, mientras que fueron los autónomos -trabajadores por cuenta propia, pero trabajadores al fin y al cabo- los más beligerantes. Si bien la situación económica afecta a todos, a los que disponen de pocos recursos, más.
El problema radica, por un lado, en el desmesurado alza en los precios del combustible. Somos extremadamente dependientes del petróleo y esta es la penitencia. En condiciones normales, los transportistas se hubiesen vistos obligados a repercutir el aumento de los precios en las facturas de sus portes. Pero la oferta en el sector es superior a la demanda, con lo que existe una competencia feroz entre ellos que impide esta medida. En consecuencia, el mercado se autorregula y muchos autónomos se ven obligados a dejar una actividad que ya no es rentable. En defensa de sus puestos de trabajo, piden una intervención del Gobierno para evitar quedarse sin medio de vida. El Ejecutivo de Zapatero ha llegado hasta donde puede, pues en un escenario de libre competencia el intervencionismo de los poderes públicos se encuentra sumamente limitado.
Las consecuencias de esta huelga las hemos podido comprobar todos. La debilitada economía española se ha resentido notablemente, impresión ésta que quedará ratificada en los próximos indicadores. No obstante, llegar al punto de plantear expedientes de regulación de empleo por parte de algunas empresas parece desproporcionado. Todo indica que quieren aprovechar la coyuntura para soltar lastre y adaptarse a la nueva situación, manteniendo así el porcentaje de beneficios lo más alto posible a través de una reducción de los costes que tiene como principales damnificados a los trabajadores.
De regreso al origen, el principal factor desencadenante de la huelga en el transporte es la crisis energética mundial que surge por una excesiva dependencia del petróleo. Desde Rumor de Olas hemos abogado en otras ocasiones por la diversificación, siempre compatibilizándolo con la conservación del medio ambiente; y por el ahorro energético, que pasa fundamentalmente por un cambio radical en los hábitos de vida. Más complicada sería la modificación del segundo gran causante, el libre mercado. Ello precisaría una auténtica revolución que acabase con el sistema.
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