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Esta semana entró en vigor el canon digital regulado por la Ley de la Propiedad Intelectual y que viene a gravar todos los medios en los que se pueda reproducir o duplicar música, cine, etc. para compensar a los autores por estas copias.
El pasado jueves el BOE (Boletín Oficial del Estado) publicaba las cuantías por las que estarán gravados los soportes digitales sujetos al canon digital. Es decir, cada CD virgen que compremos tendrá un impuesto de 0,17 euros; cada DVD, 0,44; cada MP3 o MP4, 3,15; o, por ejemplo, cada disco duro externo, 15 euros. La medida es la solución encontrada por el Gobierno para compensar a los autores, de alguna manera, por las copias que se realizan de sus obras.
Sin creadores, jamás habría cultura; y con estómagos vacíos jamás existirían los autores. No obstante, la cultura debe ser universal y llegar al mayor número de gente posible. Por ello, el acceso a las artes tiene que ser gratuito o, en el peor de los casos, a un coste muy bajo para aquellos que la disfrutan.
Esta formulación teórica choca frontalmente con una práctica en la que los bienes culturales entran en el círculo de una economía de mercado con reglas muy alejadas de la esencia artística. Un disco que se comercializa comienza a dejar parte de su ser cultural para convertirse en una objeto de consumo.
El llamado ‘top-manta’ está haciendo mucho daño a las industrias de la música y el cine. Cuando compramos en estos puestos ambulantes, salvamos el beneficio que el disco proporcionaría a la empresa en el mercado legal, pero también negamos a los autores su medio de vida, su medio para seguir creando, pues dejamos de compensar económicamente el trabajo realizado por estos creadores.
El arte debe ser pagado. La dificultad del planteamiento radica en encontrar una solución intelectual coherente a la cuestión que puede venir por el mecenazgo, tanto público como privado. El primero choca frontalmente con la cultura de la subvención y la degradación que para los artistas pueda tener está ‘mendicidad’ ante las Administraciones. El segundo requiere una práctica filantrópica muy en desuso hoy día.
La Sociedad General de Autores, gestora de la recaudación del canon digital, ha buscado una solución al problema y encontró el beneplácito del Gobierno. No obstante, la aplicación de esta normativa supone una aberración, pues en la práctica, además de compensar las acciones fraudulentas, nos obliga a pagar a otro por unas fotos que hemos hecho nosotros y que decidimos conservar en un CD o en un disco duro externo. Esto vulnera también los derechos de autor, los que tenemos cada uno de nosotros sobre nuestras creaciones.
(Imagen tomada de www.zaragozaciudad.net)
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